Por: Evelyn Arriagada

El caso de Til-Til ha puesto nuevamente en el tapete la manera en que se distribuyen las cargas ambientales en nuestro país. Los pobladores se han movilizado contra la instalación de un relleno sanitario de desechos industriales, el cual se proyecta como un nuevo foco de contaminación en la comuna.  Si bien Til Til es un caso emblemático –tal como Arica, Freirina o Chiloé –, la gran mayoría de los conflictos ambientales en Chile suelen pasar desapercibidos, pues no suscitan grandes protestas y carecen de cobertura permanente en los medios de comunicación. Asimismo, poco se tematiza el rol que tienen los intermediarios estatales y privados sobre las experiencias de quienes deben convivir cotidianamente con estas cargas ambientales.

Chile ostenta cifras de conflictividad ambiental que se encuentran entre las más altas del mundo. De acuerdo al Atlas Global de Justicia Ambiental con 47 conflictos documentados a la fecha, nuestro país se ubica en la posición 12 del ranking mundial. Si se examina la cantidad de conflictos por número de habitantes la posición escala al quinto lugar.

En términos geográficos, se aprecia que estos conflictos tienden a centrarse en zonas alejadas del centro político-administrativo, donde la exclusión territorial intersecta con desigualdades socio-económicas, raciales o étnicas y de género.  Sumado a lo anterior, los habitantes de estos lugares enfrentan serias dificultades para organizarse y movilizarse colectivamente para lograr reconocimiento, reparación o mitigación de la contaminación.

Las ciencias sociales han sido fundamentales en revelar la estrecha relación entre las desigualdades sociales y la contaminación ambiental. Por ejemplo, han documentado y avanzado en comprender aquellos conflictos que protagonizan organizaciones y movimientos sociales, siendo muchas veces exitosos en sus demandas. No obstante, se sabe poco de los territorios afectados que suelen experimentar sus padecimientos en forma silenciosa y donde la acción colectiva está prácticamente ausente.

En América Latina, el concepto de sufrimiento ambiental de Auyero y Swistun –expuesto en su libro Inflamable. Estudio del sufrimiento ambiental–  constituye una clave para dar cuenta de conflictos caracterizados por esta ausencia de acción colectiva. Este concepto busca comprender la manera en que los afectados viven e interpretan los padecimientos causados por la contaminación, enfatizando cómo estas interpretaciones son construidas socialmente. A su vez, esta construcción social se vincula estrechamente con los procesos de conocimiento, desconocimiento y reconocimiento sobre la contaminación. Además de quienes provocan la contaminación y de la comunidad afectada, una serie de actores intervienen sobre lo que se sabe –y lo que no se sabe– sobre el daño ambiental.

De este modo, y como muestra la siguiente figura, para comprender las experiencias subjetivas de sufrimiento ambiental es importante conocer y comprender los discursos, prácticas e interacciones entre tres tipos de actores, a saber, “los responsables”, “los afectados” y los “intermediarios”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Actores que intervienen en la construcción de las experiencias de sufrimiento ambiental, basado en el libro de Auyero y Swistun, 2008

Entre los intermediarios destacan las autoridades políticas y los funcionarios del Estado, médicos y otros profesionales de la salud, además de científicos, abogados y periodistas, todos los cuales contribuyen a significar las experiencias de sufrimiento ambiental. Estos intermediarios pueden contribuir tanto a visibilizar como a invisibilizar la existencia de la contaminación. Así, siguiendo a Auyero y Swistun, el sufrimiento ambiental puede ser negado, ignorado o apropiado por instituciones particulares, mediante procesos donde estas ponen en juego su propia legitimación

Al respecto, algunos de los casos de sufrimiento ambiental descritos en América Latina muestran complejas interacciones entre estos actores. Como hemos documentado junto a tesistas y estudiantes en el Observatorio de Desigualdades, en algunos casos los responsables de la contaminación suelen ser empleadoras de los afectados o patrocinadores de sus organizaciones, como ocurre los casos de Lo Rojas, en Coronel (región del Maule) – estudiado por Francisco Ramírez y Alejandro Hernández – y Villa Pizarreño, en Maipú –analizado por José San Martín y Diego Balut–. Este último caso, además, muestra las fundadas sospechas de los afectados sobre el personal médico que debe acreditar las enfermedades producidas por la contaminación. Otro ejemplo ocurre cuando funcionarios de salud y del Estado, en general, reproducen prejuicios de clase y de género en sus interacciones con los afectados, responsabilizándolos de sus dolencias y sometiéndolos a una violencia simbólica permanente, como sucedió en el caso de polimetales en Arica (región de Arica y Parinacota).

A partir de lo anterior, se puede concluir que las experiencias de sufrimiento ambiental muestran que la relación entre desigualdades sociales y contaminación no solo se expresa en una distribución desigual de las cargas ambientales, sino también en las vivencias subjetivas y cotidianas de los afectados. Estas experiencias son producto de las múltiples interacciones con los actores que intervienen en los territorios, los cuales poseen recursos y saberes que tienden a reproducir la situación de exclusión y vulnerabilidad de los afectados por la contaminación.