Por Paula González Castillo y Arturo Zamorano Canales. Estudiantes de Sociología, Universidad Diego Portales[1]
Fuente imagen: Martínez, C (2017), InfoGate
Contextualización del estudio
La presente entrada de blog forma parte de los resultados de la práctica electiva “Documentos de la solidaridad internacional con Chile en dictadura: Comisión Investigadora de los Crímenes de la Junta Militar en Chile (1973-1990), y documentos de la OIT en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos”[2], realizada durante el primer semestre del año 2021. El objetivo de la práctica fue recabar antecedentes, y generar información y conocimiento sistematizado sobre la documentación existente en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos sobre la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la defensa de los/as trabajadores/as que fueron víctimas de la dictadura.
Lo ocurrido tras el golpe militar de 1973, generó una preocupación y dedicación masiva de países de diferentes continentes en torno a la represión que se estaba viviendo en Chile, en especial, los diferentes métodos de terror estatales que se utilizaban para dañar a toda oposición al régimen y, con ello, al movimiento sindical chileno. Ante estos sucesos, fueron múltiples las organizaciones y activistas por la defensa de los derechos humanos y la solidaridad transnacional que surgieron para prestar ayuda a quienes se veían afectados/as por la negación y violación de sus derechos fundamentales.
De ello se pudo dar cuenta a través de la revisión de la documentación otorgada por el museo, la cual corresponde a diferentes quejas, denuncias y peticiones recibidas por la OIT, realizadas por diversas organizaciones y sindicatos –tanto nacionales como internacionales– que buscaban dar cuenta de lo que estaba pasando, así como también defender los derechos humanos. En conjunto con un análisis teórico, entre los diversos elementos que conforman las redes transnacionales de defensa, se lograron identificar tres elementos expuestos por Keck y Sikkink (1999): 1) Los actores sociales se conciben unidos por valores y discursos compartidos; 2) La existencia de densos intercambios de información y servicios; y 3) Los actores de las redes de defensa sirven como fuente de información y testimonio.
Análisis documental
Haciendo un análisis descriptivo de los documentos, fueron puestos a nuestra disposición 29 archivos[3], los cuales datan del periodo comprendido entre los años 1980 y 1985, tiempo en el cual se desencadenó un incremento de víctimas por violación de derechos humanos y por violencia política. Del total de documentos analizados, 22 están redactados en español y 5 en inglés. Por otra parte, 19 son de origen internacional, destacando la presencia de países como Suiza, Checoslovaquia, Bélgica y la República Democrática Alemana, mientras que los 8 restantes proceden de Chile. Ahora bien, en cuanto a los tipos de archivos, contamos con cartas, comunicados, telegramas, informes y memorandums, siendo los dos primeros los que mayormente se repiten. Por último, en relación con los tipos o motivos de comunicación, los separamos en seis categorías: 1) Denuncias violación derechos fundamentales; 2) Exposición de situaciones puntuales; 3) Solicitudes de tomar acción frente x situaciones; 4) Solicitudes de ingreso al país/exilio/exilio interno; 5) Respuestas/Acuso recibo; y 6) Complemento a quejas previas[4].
Ahora bien, de modo de visualizar de mejor forma el contenido de las denuncias que se encuentran en estos registros documentales, se elaboró una tabla de catalogación en base a la sistematización de documentos que realizó Hugo Rojas (2009) en el cuarto capítulo del libro Libertad sindical y Derechos Humanos: Análisis de los informes del Comité de Libertad Sindical de la OIT (1973-1990) de Elizabeth Lira y Hugo Rojas (2009).
Al realizar el análisis, catalogación y codificación pertinente de los documentos, logramos evidenciar la presencia de diversos mecanismos o elementos que constituyeron las redes de defensa, desarrollando de manera puntual tres de ellos: 1) La presencia de valores, convicciones y discursos compartidos entre los actores que formaron parte de las redes de defensa –en este caso ya sean trabajadores/as, dirigentes/as sindicales, corporaciones de trabajadores/as, organizaciones sindicales, organizaciones internacionales, entre otros–; 2) La existencia de constantes intercambios de información y servicios entre las organizaciones que figuran en los documentos analizados; y 3) El establecimiento de estos documentos como fuente de información fáctica y testimonial de lo ocurrido en el país en torno a la situación de los/as trabajadores/as. A continuación, se detallan los principales resultados de este proceso de revisión de archivos.
Valores compartidos
Las diferentes organizaciones sociales nacionales e internacionales hacen notar su preocupación y descontento con la situación nacional que acontecía, dejando entrever valores, convicciones y discursos compartidos que se hacen presentes en las interacciones comunicativas entre estas. La solidaridad y el compromiso que se evidencia no pudieron haber existido sin un hilo conductor de sus objetivos; los actores sociales de las redes de defensa abogaban por un mismo fin, el cual se ve expresado producto de que los derechos humanos se transformaron en el lenguaje común de las redes de defensa. Dentro de ellos, la justicia social es uno de los aspectos a destacar, pues vendría siendo el valor y situación por alcanzar de los activistas transnacionales, ya que sin ella la paz no se alcanzaría, tal como la OIT contempla. Además, la visión que tiene la OIT es la consolidación de valores universales como lo son la libertad, la dignidad humana, la seguridad y la no discriminación en el mundo del trabajo, aspectos que se pueden observar en los documentos tanto como en la negación de ellos –por parte de la dictadura militar– como en la promoción de estos por parte de las múltiples organizaciones demandantes.
Intercambio de información y servicios
Identificamos que el flujo de información fue constante y rápida, y eso queda evidenciado en la constancia con que eran enviadas las comunicaciones, la proximidad de las respuestas y la reiterativa aparición de los nombres de ciertas organizaciones. Además, evidenciamos que gran cantidad de los documentos hacen referencia a comunicaciones previas, principalmente por dos motivos: 1) Para dar continuidad de los relatos y denuncias, producto del intercambio de información entre las organizaciones; y 2) De modo adicional a quejas previas, como en casos de documentos en los cuales se solicita considerar cartas enviadas con anterioridad por parte de la misma organización emisora o como complemento de documentos enviados por otros organismos. De esta forma, varios de los archivos revelan el intercambio de servicios, ya que se muestra el apoyo entre las diferentes organizaciones sociales, además de utilizar la comunicación como complemento a sus propias quejas previas.
Actores y documentos como fuente de información y testimonio
Diversas organizaciones sindicales y organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, Federación Internacional de Sindicatos, FISE, CIOSL, etc., hacen mención y dan testimonio de situaciones puntuales de vulneración de los derechos humanos como manifestaciones reprimidas, detenciones, allanamientos, exilios, entre otros hechos verídicos. Veracidad que se puede comprobar, por ejemplo, en consideración que algunas de esas personas detenidas o nombradas en listados presentados en los archivos aparecen en el listado de las víctimas de los Informes Valech y/o Rettig.
Los actores transnacionales emitieron, difundieron y dieron cuenta de diferentes situaciones de vulneración de tal forma que sirvieran como testimonio de acciones cometidas por la dictadura militar. Así, los documentos reflejan la red de información generada en la época entre diversos países y organizaciones, los cuales intercambiaban servicios e información para difundir y visibilizar lo que acontecía en el país y el continente latinoamericano. Lo novedoso de las relaciones de intercambio, es la capacidad de los actores internacionales no tradicionales para movilizar información estratégicamente para ayudar a crear nuevos problemas y categorías –es decir, dar cuenta de una determinada situación como un problema– y para persuadir, presionar y ganar influencia sobre organizaciones y gobiernos mucho más poderosos.
Conclusiones y reflexiones finales
Se pudo constatar la presencia de elementos que envolvieron a las redes transnacionales de defensa de los derechos humanos en un periodo determinado, los que involucraron a diversas organizaciones no estatales, tanto nacionales como internacionales, que se movilizaron en la promoción y protección de los derechos fundamentales de las personas. Estas organizaciones, como actores transnacionales de solidaridad, convergieron en un rol fundamental al ser entes que favorecieron e impulsaron causas, ideas y normas basadas en determinados principios –como lo son los principios de los derechos humanos– además de producir vínculos a través de valores y discursos compartidos e intercambio de información entre distintos actores. En suma, podemos decir que las redes de defensa proporcionaron información que de otro modo no hubiese estado disponible en esa época, desde fuentes que de otro modo no hubiesen sido escuchadas, y constituyen una forma comprensible, precisa y útil para las personas que pueden estar geográficamente, socialmente y –en este caso– hasta temporalmente distante (Keck y Sikkink, 1999). Como vimos con Lira y Rojas (2009), los documentos presentan información fáctica y testimonial, que plasman, a través de diversas comunicaciones, las acciones y mecanismos que tomaron los sindicatos y/o organizaciones de trabajadores/as chilenos/as.
Referencias
Keck, M., y Sikkink, K. (1999). Transnational advocacy networks in international and regional politics. UNESCO.
Lira, E. y Rojas, H. (Ed.). (2009). Libertad sindical y Derechos Humanos: análisis de los informes del Comité de Libertad Sindical de la O.I.T. Santiago, Chile: LOM Ediciones.
Notas al pie
[1] Correos electrónicos [email protected] / [email protected]
[2] Práctica electiva a cargo de la investigadora Carolina Aguilera.
[3] Sin embargo, para el análisis fueron utilizados 27 de estos, puesto que uno de ellos es de 1978, y el otro corresponde a una carta respuesta que no contempla las dimensiones y tipo de denuncia en base a la sistematización utilizada para catalogar los documentos.
[4] Cabe destacar que algunos documentos contemplan más de una de estas categorías.
